Sentencia – AP de Madrid de 1 de octubre de 2020 – Fallo: Absuelve

Absuelve a la persona jurídica por falta de prueba

Fecha: 1/10/2020
Resolución: AP de Madrid de 1 de octubre de 2020
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de estafa
Fallo: Absuelve

La Sala declara que no alcanza a formar convicción bastante, por la insuficiencia de la prueba de cargo, como la que se exige para una condena penal y, al no haberse acreditado los hechos determinantes de la acusación, el acusado Laureano y Constructora Social Onubense S.A., deben ser absueltos.

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Sentencia – TS de 22 de octubre de 2020 – Fallo: Absuelve

 El Tribunal Supremo absuelve a la mercantil del delito de estafa/apropiación indebida por el que venía siendo acusada quedando sin efecto tanto la multa de 309.444 euros, como su decretada disolución porque el delito de apropiación indebida no es apto para generar responsabilidad penal de una persona jurídica.

Fecha: 22/10/2020
Resolución: TS de 22 de octubre de 2020
Órgano: Tribunal Supremo
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de apropiación indebida
Fallo: Absuelve

La sentencia absuelve a la persona jurídica acusada al declarar que el delito de apropiación indebida no se encuentra incluido entre aquellos para los que se implantó un régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas, por lo que no hay responsabilidad penal corporativa en esta infracción penal, no obstante, declarar que ha de mantenerse su condición de responsable civil subsidiario.

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Sentencia – TS de 5 de noviembre de 2020 – Fallo: Absuelve

El Tribunal Supremo revoca la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, y absuelve a las personas jurídicas al considerarlas «sociedades pantalla».

Fecha: 5/11/2020
Resolución: TS de 5 de noviembre de 2020
Órgano: Tribunal Supremo
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de estafa
Fallo: Absuelve

El Tribunal Supremo absuelve a las personas juridicas al considerar que las empresas acusadas carecen de sustrato real no consta actividad, infraestructura o patrimonio de las mismas, solo que fueron creadas o adquiridas para el buen éxito del plan criminal urdido, utilizadas como instrumentos del delito y en aras a dificultar la investigación de la actividad criminal.

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Sentencia – AP León de 11 julio de 2019 – Fallo: Absuelve

La sentencia absuelve a la persona jurídica del delito de estafa imputado.

Fecha: 11/7/2019
Resolución: AP León de 11 julio de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de estafa
Fallo: Absuelve

La sentencia absuelve a la persona jurídica del delito de estafa imputado al declarar que, para poder condenar penalmente a una persona jurídica en estos supuestos, el principio de seguridad jurídica impone la práctica de pruebas, y en este caso, no se practicó prueba que acredite que la actuación del administrador de la sociedad hubiese actuado con imprudencia a la hora de no vigilar o controlar o supervisar las operaciones del acusado como comercial externo, ni que hubiera habido un defecto de organización.

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Sentencia – Juzgado de lo Penal de Valencia de 22 julio de 2019 – Fallo: Condena

La sentencia condena a la persona jurídica acusada al considerar que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil como medio para cometer un delito continuado de contrabando.

Fecha: 22/7/2019
Resolución: Juzgado de lo Penal de Valencia de 22 julio de 2019
Órgano: Juzgado de lo Penal
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de falsedad en documento mercantil y delito de contrabando
Fallo: Condena

La sentencia condena a la persona jurídica acusada por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado como autora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil como medio para cometer un delito continuado de contrabando de productos sanitarios que carecían de marcado CE y por lo tanto estaba prohibida su importación y comercialización en España. Condena a la mercantil a la pena de multa de 5.500.000 € y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas para contratar con las Administraciones Públicas y para gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de 9 meses al quedar probados los hechos, conforme a lo establecido en los art 31, bis 1.a) del CP.

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