Condena a la persona jurídica como autora criminalmente responsable de un delito contra el medio ambiente.
Fecha: 2/9/2019
Resolución: AP Lleida de 2 septiembre de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra el medio ambiente
Fallo: Condena
La sentencia condena a la persona jurídica a la pena de multa de 14.000 euros, suspensión de sus actividades por tiempo de un año, clausura de la granja por un año y prohibición de realizar actividad ganadera por tiempo de un año, por cuanto se trataba de la sociedad administrada por el acusado, a través de la cual se facturaba la actividad ganadera desarrollada en la granja, actividad que redundaba en beneficio de la mercantil, siendo a través de dicha actividad que se produjo el vertido de purines contaminante.
La sentencia declara la responsabilidad civil subsidiaria de las personas jurídicas puesto que los hechos constitutivos del delito ecológico tuvieron lugar antes de que se introdujera en el Código Penal la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Fecha: 26/9/2019
Resolución: AP León de 26 septiembre de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra el medio ambiente
Fallo: Condena
La Sala declara que no cabe responsabilizar a las mercantiles, tal como solicitan todas las Acusaciones, pues los hechos constitutivos del delito ecológico tuvieron lugar entre el año 1995 y mayo de 2006, antes de que se introdujera en el Código Penal la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por lo demás, esa responsabilidad civil, aunque de carácter subsidiario, alcanza a la persona jurídica.
La sentencia condena al administrador único y a la mercantil acusada de un delito continuado de estafa.
Fecha: 7/6/2019
Resolución: AP A Coruña de 7 junio de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de estafa
Fallo: Condena
La sentencia condena al administrador único y a la mercantil acusada de un delito continuado de estafa al quedar probado que el administrador único no envió al perjudicado los vehículos supuestamente adquiridos ni la documentación de los mismos, apropiándose definitivamente de las cantidades transferidas por la sociedad perjudicada a la persona jurídica acusada.
Desestima el recurso interpuesto por la persona jurídica frente a la sentencia que la condenaba en concepto de autora de un delito contra la Hacienda Pública, a la pena de multa de 400.000 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de dos años y tres meses.
Fecha: 9/9/2019
Resolución: AP Barcelona de 9 septiembre de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra la Hacienda Pública
Fallo: Condena
La Sala mantiene la condena de la persona jurídica al declarar que era la sociedad la persona obligada tributaria y que, por tanto, con el impago del IVA en el ejercicio de 2011, fue dicha sociedad la primera y directa beneficiaria al obtener un ingreso en su patrimonio que no era debido. Ello, con independencia de lo que hicieran las personas físicas ejecutivas del plan defraudatorio con posterioridad, es suficiente para integrar el presupuesto referido y exigido en el artículo 31 bis del Código Penal.
La sentencia impone a la persona jurídica las penas accesorias de suspensión de actividades y clausura del local por tiempo de dos años.
Fecha: 6/11/2019
Resolución: AP Badajoz de 6 noviembre de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra los derechos de los trabajadores y contra la Seguridad Social
Fallo: Condena
La sentencia declara que en virtud de lo dispuesto en los artículos 318, 129.1 33.7 c) y d) del Código Penal procede acordar las penas accesorias de suspensión de actividades y clausura del local denominado propiedad de la persona jurídica y de la que es administrador único el inculpado, por tiempo de dos años y ello conforme a los criterios sostenidos por la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2.018.
