La Sentencia absuelve a la persona jurídica porque no se ha acreditado un defecto estructural u organizativo grave.
Fecha: 4/1/2021
Resolución: AP Badajoz de 4 de enero de 2021
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de estafa
Fallo: Absuelve
La Sentencia absuelve a la persona jurídica porque ni la Fiscalía ni la acusación particular efectúan en el plenario pregunta alguna relativa a intentar acreditar un defecto estructural u organizativo grave que pudiera haber facilitado la comisión del delito cometido por el administrador de la sociedad, se necesita probar de modo incontestable para considerar que la persona jurídica es penalmente responsable.
La Sentencia absuelve a la persona jurídica porque el delito de coacciones no puede ser cometido por las personas jurídicas.
Fecha: 24/1/2021
Resolución: AP Vizcaya de 24 de enero de 2021
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de coacciones
Fallo: No condena
La Sentencia estima el recurso de apelacion y revoca la sentencia absolviendo a la empresa ya que legislador no ha previsto que el delito de coacciones pueda ser cometido por una persona jurídica.
El Tribunal Supremo absuelve a la persona jurídica al entender que no se formuló pretensión alternativa o subsidiaria (entre los delitos de estafa y apropiación indebida) por ninguna de las acusaciones.
Fecha: 7/4/2021
Resolución: TS de 7 de abril de 2021
Órgano: Tribunal Supremo
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de estafa
Fallo: Absuelve
El Tribunal Supremo declara que si las pretensiones articuladas en el procedimiento por la acusación particular se hubieran planteado en términos de alternatividad o subsidiariedad, la absolución del acusado como autor de un delito de estafa podría no excluir, en ciertos casos, que no considerándose justificada la existencia de un engaño previo y absolviendo, en consecuencia, por el delito de estafa (pretensión principal o alternativa), pudiéramos plantearnos ahora si el relato de hechos probados que se contiene en la sentencia impugnada se alcanza para configurar, sin embargo, la apropiación indebida (pretensión subsidiaria o alternativa).
El Tribunal Supremo entiende que una buena praxis corporativa en la empresa es la de implementar programas de cumplimiento normativo que garanticen que este tipo de hechos no se cometan, o dificulten las acciones continuadas de distracción de dinero, o abusos de funciones.
Fecha: 8/4/2021
Resolución: TS de 8 de abril de 2020
Órgano: Tribunal Supremo
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de apropiación indebida
Fallo: No condena
Los actos objeto de condena suponen un delito de apropiación indebida y, además, una vulneración de las normas de «buen gobierno corporativo en las sociedades», e integran una clara comisión de un delito de apropiación indebida que encontrarían más dificultades de comisión si se implantaran en todas las sociedades los programas de cumplimiento normativo de compliance ad intra, ya que aunque el delito en este caso cometido no sea de los que derivan responsabilidad penal a las personas jurídicas, sí que hubiera encontrado más dificultades de comisión en los casos en donde existe implementado un programa de compliance.
La Sala absuelve a las personas jurídicas porque ninguna prueba se ha practicado en autos sobre la composición societaria de las mismas.
Fecha: 2/6/2021
Resolución: AP Jaén de 2 de junio de 2021
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra la Seguridad Social
Fallo: Absuelve
La Sala declara que ninguna prueba se ha practicado en autos sobre la composición societaria de las mismas (más allá de la condición de administrador único por parte del otro acusado), ni sobre la realización o no de otras actividades distintas a las enjuiciadas o sobre la existencia o no de medidas de control o prevención de la comisión del delito. La fijación de responsabilidad penal de la persona jurídica en estas condiciones supondría una traslación automática de la responsabilidad penal de la actuación llevada a cabo por su administrador único, lo cual, tal y como hemos expuesto por la doctrina jurisprudencial expuesta, no tiene cabida en el art 31 bis del CP.
