Sentencia – AP Madrid de 3 diciembre de 2019 – Fallo: Absuelve

La sentencia desestima el recurso de apelación y confirma la absolución de las personas jurídicas del delito contra la seguridad de los trabajadores, y de lesiones imprudentes por los que se les acusaba.

Fecha: 3/12/2019
Resolución: AP Madrid de 3 diciembre de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delitos contra la seguridad de los trabajadores, y de lesiones imprudentes
Fallo: Absuelve

La sentencia declara que el delito contra la seguridad de los trabajadores del artículo 316, ni el del artículo 318 del Código Penal es susceptible de condena por la comisión por personas jurídicas. Añade que nunca cabría la condena como responsables penales de las entidades acusadas, y solo cabría su condena como responsables civiles subsidiarias como consecuencia del posible delito contra la seguridad de los trabajadores o del delito de lesiones imprudentes de condenarse a una persona física por alguno de esos delitos y de concurrir algún supuesto de responsabilidad civil subsidiariaexartículo 120 del Código Penal.

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Sentencia – AN de 30 mayo de 2019 – Fallo: No condena

La sentencia no condena a la persona jurídica por ser una empresa pantalla, fantasma o instrumental, creada ad hoc por el acusado (persona física).

Fecha: 30/5/2019
Resolución: AN de 30 mayo de 2019
Órgano: Audiencia Nacional
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra la Hacienda Pública
Fallo: No condena

La sentencia no condena a la persona jurídica al entender que aunque la condición de obligado tributario recae en una persona jurídica resultando de aplicación la norma contenida en el artículo 31 del Código Penal, en el presente supuesto, al tratarse de una empresa pantalla, fantasma o instrumental, el único que responde en este caso en calidad de autor es el representante de hecho o de derecho del obligado tributario.

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Sentencia – AP Barcelona de 9 septiembre de 2019 – Fallo: Condena

Desestima el recurso interpuesto por la persona jurídica frente a la sentencia que la condenaba en concepto de autora de un delito contra la Hacienda Pública, a la pena de multa de 400.000 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de dos años y tres meses.

Fecha: 9/9/2019
Resolución: AP Barcelona de 9 septiembre de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra la Hacienda Pública
Fallo: Condena

La Sala mantiene la condena de la persona jurídica al declarar que era la sociedad la persona obligada tributaria y que, por tanto, con el impago del IVA en el ejercicio de 2011, fue dicha sociedad la primera y directa beneficiaria al obtener un ingreso en su patrimonio que no era debido. Ello, con independencia de lo que hicieran las personas físicas ejecutivas del plan defraudatorio con posterioridad, es suficiente para integrar el presupuesto referido y exigido en el artículo 31 bis del Código Penal.

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Sentencia – AP Murcia de 7 noviembre de 2019 – Fallo: Condena

La sentencia condena a la mercantil como autora criminalmente responsable de un delito contra la Hacienda Pública.

Fecha: 7/11/2019
Resolución: AP Murcia de 7 noviembre de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra la Hacienda Pública
Fallo: Condena

La sentencia condena como autora, conforme al art 31 bis y 310 bis del Código Penal a la persona jurídica al haber obrado el representante legal de la mercantil legal de forma fraudulenta en nombre de la misma, y en su provecho.

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Sentencia – AP A Coruña de 7 junio de 2019 – Fallo: Condena

La sentencia condena al administrador único y a la mercantil acusada de un delito continuado de estafa.

Fecha: 7/6/2019
Resolución: AP A Coruña de 7 junio de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de estafa
Fallo: Condena

La sentencia condena al administrador único y a la mercantil acusada de un delito continuado de estafa al quedar probado que el administrador único no envió al perjudicado los vehículos supuestamente adquiridos ni la documentación de los mismos, apropiándose definitivamente de las cantidades transferidas por la sociedad perjudicada a la persona jurídica acusada.

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