El delito contra los derechos de los trabajadores aparece regulado en el  Título XV del Código Penal (CP), cuyo ámbito de protección se centra en:

  • Las condiciones laborales.
  • El acceso al mercado laboral en condiciones en las que se respeten los derechos reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.
  • El principio de autonomía colectiva: libertad sindical y derecho a la huelga.
  • Las condiciones de seguridad laboral: protección a la vida y salud del trabajador.

A pesar de que NO es un delito atribuible a las personas jurídicas, SÍ se les podrá imponer las consecuencias accesorias previstas en el art. 129 del CP, que a pesar de no se pueden cuantificar, en muchos casos, su imposición implicaría, básicamente, el cierre de la empresa:

  1. Multa por cuotas o proporcional.
  2. Disolución de la persona jurídica.
  3. Suspensión de sus actividades por un plazo que no exceda de 5 años.
  4. Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no exceda de 5 años.
  5. Prohibición, temporal por un plazo que no exceda de 15 años o definitiva, de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
  6. Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que exceda de 15 años.
  7. Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no exceda de 5 años.
  8. Prohibición definitiva de llevar a cabo cualquier actividad, aunque sea lícita.

A colación de lo anterior, resulta interesante analizar el fallo del reciente Auto de la Audiencia Provincial de Burgos de 19 de enero de 2018 (Roj: AAP BU 85/2018 – ECLI: ES:APBU:2018:85A), el cual revoca parcialmente el Auto anterior en el sentido de dictar otro nuevo ampliando la imputación a las personas jurídicas y condenándolas por un delito contra los derechos de los trabajadores (razonamiento jurídico cuarto):

CUARTO.- En cuanto el recurso formulado por la representación de Gonzalo, entendemos que procederá su estimación en cuanto pretende que se incluyan como imputadas las personas jurídicas, sociedades, que participaron en la ejecución de las obras, es decir Movaz Montajes Servicios y Actividades, así como Grupo Sagredo Gestión SL lo cual se considera admisible puesto que el Código Penal establece en su artículo 31 bis la posibilidad de responsabilidad penal de las personas jurídicas, como es le caso, por lo cual procederá la estimación del recurso en dicho apartado.”.

Es decir, el Auto acusa a dos organizaciones como responsables penales en virtud de lo establecido “en el artículo 31 bis del CP”, lo cual contradice lo establecido en el artículo 318 del CP y lo razonado en la sentencia del Tribunal Supremo Sala 2ª de fecha 23 de febrero de 2017:

“(…) la entidad Paradela SL. no puede ser acusada por este delito a tenor del art. 31 bis CP. El art. 318 no se remite al art. 31 bis. Lo que hace – mediante una cláusula que está vigente desde la LO 11/2003 y por ello con anterioridad a que se implantase la responsabilidad penal de las personas jurídicas por Lo 5/2010- es permitir la atribución de la pena en tales casos a los administradores y que quepa imponer alguna de las medidas del art. 129 CP a la persona jurídica; pero ésta no puede ser acusada como responsable penal.” 

Y es que en efecto, como apunta el Alto Tribunal, la persona jurídica no puede ser acusada por un delito contra los derechos de los trabajadores, ya que el artículo 318 del CP remite a las consecuencias accesorias previstas en el art. 129 CP.

A diferencia del citado Auto de la Audiencia Provincial de Burgos, la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de fecha 29 de septiembre de 2017, sí aplica, creemos que con acierto, lo previsto en el artículo 318 del CP al remitirse a lo dispuesto en el artículo 129 del mismo cuerpo legal.

“Asimismo de conformidad con lo interesado por el Mº Fiscal y con arreglo a lo establecido en el art. 318 del Cº penal (EDL 1995/16398) que se remite a lo previsto en el art. 129 de su texto, que a su vez se remite a las consecuencias accesorias previstas en el art. 33.7 apartados c) a g), procede acordar la suspensión de las actividades y la clausura del Club Models durante el plazo de 2 años, teniendo en consideración que el entramado industrial societario fue puesto al servicio del designio criminal, integrando así la infraestructura necesaria para el desarrollo de la actividad delictiva enjuiciada.”

Por todo ello, en SHL Compliance consideramos que es fundamental adoptar e implementar con eficacia un Sistema de Cumplimiento Normativo Penal, ya que la Ley prevé unas consecuencias gravísimas en caso de no disponer del mismo, y, en el eventual caso de que el delito contra el derecho de los trabajadores finalmente sea cometido por la persona jurídica y se acuerde la imposición de las consecuencias accesorias previstas en el art. 129 CP, será de aplicación el sistema del artículo 31 .bis en tanto en cuanto posibilita acceder a la eximente establecida en el artículo 31.bis del Código Penal o a la atenuante recogida en su artículo 31. quarter, pudiendo eliminar o reducir la pena impuesta por la comisión del delito tipificado.