La sentencia mantiene la condena a la persona jurídica porque los acusados (personas físicas) actuaban y llevaban a cabo las compras de tabaco a través de la sociedad, al margen de la normativa canaria tributaria aplicable.
Fecha: 12/2/2018
Resolución: AP Las Palmas de Gran Canaria de 12 de febrero de 2018
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de contrabando
Fallo: Condena
La sentencia extiende la responsabilidad penal a la persona jurídica, en virtud del art. 2.6 de la LO de Represión del Contrabando, y el art. 31 bis del C. Penal, puesto que los acusados actuaban y llevaban a cabo las compras de tabaco por medio de la entidad imputada, al margen de la normativa canaria tributaria aplicable, habiendo quedado acreditado en el relato de hechos probados que las compras de tabaco fueron realizadas por la sociedad.
La sentencia absuelve penalmente a la sociedad de la responsabilidad penal imputada porque no se ha probado defectos organizativos o la ausencia de medidas de control.
Fecha: 17/10/2017
Resolución: AP Jaén, sec. 2ª de 17 de octubre de 2017
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de contrabando
Fallo: Absuelve
La sentencia absuelve a la sociedad acusada porque no se ha practicado ninguna prueba en autos sobre la composición societaria de la misma, ni sobre la realización o no de otras actividades distintas a las enjuiciadas o sobre la existencia, o no, de medidas de control o prevención de la comisión del delito.
La sentencia desestima el recurso interpuesto por la persona jurídica y confirma su condenada como cooperadora necesaria porque no se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia
Fecha: 31/3/2017
Resolución: AP Valencia, sec. 2ª de 31 de marzo de 2017
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de contrabando
Fallo: Condena
La sentencia desestima el recurso interpuesto por la persona jurídica condenada como cooperadora necesaria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 31 bis del Código Penal, que fue introducido por LO 5/2010, de 22 de junio, con entrada en vigor el 23.12.2010, pues no se ha producido violación del derecho constitucional a la presunción de inocencia y la prueba no ha sido desvirtuada.
